jueves, mayo 30, 2024
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Gonzalo Trenor informa de la renovación de la concesión de Stolt Sea Farm en Camariñas

En una visita a la factoría de Stolt Sea Farm en Camariñas, el delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor, informó a los representantes de la empresa sobre la aprobación de una prórroga de diez años para su concesión, permitiéndoles continuar su actividad hasta el 18 de febrero de 2031, con la posibilidad de prorrogarla en períodos de igual o menor duración hasta el 18 de febrero de 2071.

1.200 toneladas en Cabo Vilán

Stolt Sea Farm, líder mundial en la industria de la acuicultura de peces planos, produce alrededor de 1.200 toneladas al año de rodaballo, lenguado y lenguado de pintas en sus instalaciones en Cabo Vilán.

La granja, que ocupa 705 m2 en dominio público marítimo-terrestre y 87.000 m2 de dominio privado, emplea a 32 trabajadores locales, todos residentes de Camariñas y Carnota. Más del 90% de los contratos son indefinidos.

380.000 euros recibió Stolt Sea Farm en ayudas públicas

Trenor indicó que la posición destacada de la empresa en el mercado subraya la importancia de Galicia como uno de los mejores lugares del mundo para la acuicultura.

El delegado reafirmó el compromiso de la Xunta con el sector, ofreciendo apoyo para proyectos que confíen en el potencial de Galicia, lo que se traduce en más economía, competitividad y empleo.

Además, recordó que Stolt Sea Farm ha recibido apoyo financiero del Gobierno gallego para mejorar sus instalaciones y aumentar su competitividad, con una inversión total de más de 380.000 euros desde 2017.

Ley del Litoral

También abordó la incertidumbre creada por el recurso presentado por el Gobierno central contra una Ley del litoral autonómica que tiene como objetivo proteger la actividad social y económica de la costa, respetando la legalidad y cuidando el medio ambiente.

Trenor destacó que este recurso ante el Tribunal Constitucional está generando inseguridad jurídica para las empresas que desean invertir en Galicia, creando incertidumbre sobre su futuro. Subrayó la obligación de las administraciones de respaldar a los sectores productivos dentro de sus competencias, proporcionando estabilidad y contribuyendo a mejorar su competitividad, en lugar de crear obstáculos como está haciendo el Gobierno central.

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