La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, junto al conselleiro do Mar, Alfonso Villares, se reunieron con representantes de ayuntamientos costeros en A Coruña para abordar las implicaciones del recurso presentado por el Estado contra la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia. La Xunta advierte que esta decisión paraliza proyectos y servicios municipales esenciales.
La decisión del estado: un obstáculo para la costa gallega
La Xunta expresó su profunda preocupación por la reciente decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la legislación autonómica que ordena y gestiona integralmente el litoral gallego.
Esta medida, según Ángeles Vázquez, pone en riesgo la posibilidad de proporcionar servicios básicos a las poblaciones costeras y limita las oportunidades de desarrollo en el dominio público marítimo-terrestre.
La postura de la Xunta: gestión integrada frente a la exclusión
Ángeles Vázquez lamentó la actitud del Ejecutivo central, que, a su juicio, busca eliminar «todo vestigio humano» de la costa.
Contrapuso el modelo estatal de exclusión con la gestión integrada propuesta por la Xunta, basada en la definición de 6 usos estratégicos que aseguran el desarrollo sostenible y la seguridad jurídica en la costa gallega.

Sectores prioritarios en riesgo
Alfonso Villares, conselleiro do Mar, destacó el impacto negativo que esta decisión puede tener en los sectores pesquero, marisquero y acuícola, reconocidos como estratégicos y prioritarios para el desarrollo sostenible del litoral gallego.
La impugnación estatal deja vulnerable a estos sectores frente a proyectos impuestos desde fuera, generando incertidumbre y paralizando iniciativas que podrían crear empleos en el sector.
Llamado a la Defensa del Litoral Gallego
La Xunta anunció su compromiso en defender el litoral gallego y a los sectores mar-industria. Se realizarán reuniones con todos los actores involucrados para explorar medidas que protejan el futuro de los empleos y la economía vinculados al mar.
La incertidumbre generada por esta situación pone de manifiesto la necesidad de un diálogo constructivo entre el Gobierno central y la Xunta para salvaguardar los intereses de las comunidades costeras y preservar la riqueza ambiental y económica de la costa gallega.