El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha expresado su respaldo a las demandas del sector pesquero gallego y ha reclamado al Gobierno central una revisión de la política de cuotas pesqueras que permita garantizar la sostenibilidad medioambiental de los caladeros y la viabilidad económica de la actividad pesquera.
Villares destacó que la Xunta de Galicia ha presentado alegaciones a las resoluciones de la Secretaría General de Pesca, proponiendo mejoras en el reparto de Totales Admisibles de Captura (TAC) para favorecer a la flota gallega.
Reparto de cuotas, una oportunidad perdida
Villares criticó el reparto de cuotas acordado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea a finales del año pasado, calificándolo como «una oportunidad perdida», especialmente considerando que España ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en ese momento.
«Así lo manifestamos en Bruselas durante las negociaciones que no supuso ninguna mejora a la propuesta inicial de la propia Comisión», explicó el conselleiro. Lamentó que no se lograra revertir los recortes en capturas de especies clave para Galicia, como el jurel, el abadejo y la raya.
Alegaciones presentadas por la Xunta
En respuesta, la Xunta presentó alegaciones a principios de año, solicitando la posibilidad de acumular cuotas de distintas zonas y mayor flexibilidad en las áreas 8C (de Fisterra hacia el norte y el Cantábrico) y 9A (de Fisterra hacia el sur).
La cuota de abadejo fijada para 2024 y 2025 en la zona 8C, inicialmente de 70 toneladas, se ha reducido a 55,7 toneladas debido a un exceso de capturas en 2023. Para mitigar el impacto en la flota gallega, Galicia propuso que, según la evolución del consumo, se pueda añadir un porcentaje de la cuota de otras zonas como la 9A.
Villares subrayó que la Administración autonómica lleva tiempo trabajando en una propuesta que permita racionalizar la determinación de TAC y cuotas para especies sin riesgo real de colapso. Además, resaltó el impacto económico de los recortes en las capturas de jurel, que se estima en 11 millones de euros, y pidió un análisis regionalizado que permita abrir la pesquería en áreas específicas.
El conselleiro también criticó que los constantes ajustes impuestos a la flota no reflejan los indicios de sostenibilidad medioambiental y pidió una revisión de los TAC plurianuales, siguiendo pautas de equilibrio y con la participación de las comunidades autónomas.
